Lo que no quedó claro del anuncio

Una pregunta no terminó de ser respondida el martes en el anuncio de la estatización de las jubilaciones: ¿cuál es el riesgo real de quiebra de las AFJP?.

Amado Boudou, titular de la Anses, sostuvo que “en tiempos de crisis, (otros)Estados decidieron rescatar a Bancos y Fondos de Inversión. Argentina decidió rescatar a los trabajadores y jubilados”

La presidente Cristina Fernández de Kirchner dijo que "hoy, cuando aparecen las pérdidas, aparece el Estado para hacerse cargo de todo", y agregó que “sostener jubilaciones es sostener la actividad económica”.

Lo que se deduce es que en este contexto de crisis de los mercados financieros, las AFJP, al invertir en títulos, están por quebrar como los bancos y fondos de inversión norteamericanos y eurpeos, por lo que es el Estado el que las va a salvar. Sin embargo, ¿está en riesgo un sistema cuyos fondos ascienden a 92 mil millones de pesos e ingresos anuales por aportes a 13 mil millones como las Administras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones?.

Según Boudou, el primero de esos números no es verdadero, puesto que los títulos que poseen están cotizados a valor nominal y no a valor real de mercado. No obstante, no aclaró en cuánto estima los activos de aquellas ni tampoco reconoció que el 53% de esos bonos son títulos públicos que el Estado les obligó a comprar durante el 2001,la mayoría de ellos sujetos a la evolución de la inflación, lo que, si están devaluados, es consecuencia de la intervención del Gobierno es dichas estadísticas.

Otra referencia numérica que dio el funcionario de Anses fue que el Estado subsidia en 4 mil millones de pesos anuales al sistema de capitalización. Según las AFJP, en su comunicado, ello "se explica por el sólo hecho de que el sub-sistema es aún muy joven y de que se trata de jubilados que han aportado más años al sub-sistema público que al privado".

Para las AFJP no hay peligro de quiebra, ya que aseguraron que tienen un "13,9% de rentabilidad histórica positiva promedio lograda por el sub-sistema a septiembre pasado”, y compararon su rendimiento con el de los mercados sosteniendo que "en los 170 meses de existencia, el Valor Cuota Promedio de AFJPs exhibió 138 meses con alzas en comparación con el mismo mes del año anterior, frente a 117 del S&P, 110 del
Bovespa (bolsa de Brasil) y 102 del Merval. Consecuentemente fue el que tuvo menor cantidad de meses con bajas: sólo 20 frente a 56 del Merval, 48 del Bovespa y 41 del S&P”.

Como la gravedad patrimonial de las AFJP no fue descripta por Cristina Fernández ni por Boudou de manera convincente, la decisión de estatizar las jubilaciones deja dudas acerca de los fundamentos de la misma, algo que es utilizado por los sectores opositores para denunciar que el Gobierno quiere hacer "caja".

“Es un cambio estructural, estratégico y en defensa de nuestro jubilados”

Fue el fundamento central de Cristina Fernández de Kirchner para anunciar el envío del Proyecto de Ley al Congreso por el cual el Estado se hace cargo de los recursos y de las jubilaciones de los contribuyentes de las AFJP, poniendo fin al sistema previsional privado.
“Esta medida trasciende a un gobierno y a una generación, se trata del futuro de los argentinos”, dijo Fernández al referirse a la importancia de la decisión.
La presidente justificó la inmediatez de la resolución en la protección de los aportes de de las personas que habían optado por el régimen de capitalización ante las pérdidas de valores que viene teniendo las bolsas del mundo, donde las AFJP tienen títulos.
“Es una decisión estratégica en este marco internacional”, afirmó la mandataria, y agregó que “sostener jubilaciones es sostener la actividad económica”, en el sentido de que ello genera consumo y motiva a la producción.
Criticando las políticas neoliberales y haciendo referencia a las recientes intervenciones gubernamentales en el mundo, Fernández dijo que “hoy, cuando aparecen las pérdidas, aparece el Estado para hacerse cargo de todo, del desmanejo de políticas por las que se suponía que el mercado regulaba todo”.
La presidente rechazó los argumentos de la oposición de que el Gobierno pretende hacerse de una caja de 97 mil millones de pesos al indicar que “lo hacemos con la convicción y la tranquilidad de ser absolutamente coherentes en todas las decisiones que hemos tomado”.
“Este Gobierno cuando decide tomar intervención en Aerolíneas Argentina lo hace pensando en mantener la línea de bandera y mantener la conectividad del país, cuando incorporamos a 1,5 millón de argentinos que no tenían sistema de jubilación por el desempleo, cuando aumentamos 13 veces las jubilaciones, cuando consagramos la movilidad jubilatoria, no pensó en la caja”, ejemplificó Fernández.
Finalmente, la presidente indicó que “va a ver muchas presiones de toda índole y naturaleza, poeque son pocos los intereses pero grandes los dividendos, pero creo que los partidos populares que creemos en el Estado vamos a acordar que estamos ante un verdadero cambio estructural, estratégico y de defensa para nuestros jubilados y pensionados.

Vea el Proyecto de Ley sobre la estatización de las jubilaciones
Vea la respuesta de las AFJP

Editorial diario el Pais, España

“Vinimos a dar por terminado con el fracaso de las AFJP”

Con estas palabras, el titular de la Anses, Amado Boudou, anunció el inicio del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), el cual va a administrar todas las jubilaciones de los argentinos –menos las Cajas provinciales- quedando sin efecto los regímenes privados si el Congreso aprueba el Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo.
Los argumentos de Boudou indicaron la “inseguridad” e “incertidumbre” que implica el sistema de capitalización de las jubilaciones dentro de la crisis financiera mundial, debido a que las mismas tienen sus activos en títulos de mercado.
“No podemos permitir que el ahorro de toda la vida de argentinos quede en manos de un grupo de especuladores”, y agregó que “hoy una caída de la bolsa es una rebaja de las futuras jubilaciones”.
Según el funcionario, los bonos que poseen las Administradoras “están mal valuados” debido a que están medidos en “valor nominal y no a valor de mercado”, lo que significa una disminución en el activo, ubicado en 97 mil millones de pesos según las AFJP.
En cuanto al funcionamiento de las AFJP, Boudou dijo: “sinceremos las cosas, de los 460 mil beneficiarios, 170 mil recibe garantía de la jubilación mínima del Estado nacional y 33 mil tienen su cuenta de capitalización agotada. El correlato es que el Estado invierte 4 mil millones de pesos para sostener el régimen de capitalización”.
En adición, afirmó que actualmente las Administradoras cobran “comisiones del 9% de cada aportante, pero en su momento, era el 50% del sueldo de cada argentino”.
Asimismo, criticó reiteradamente al Gobierno de Carlos Menem por haber cambiado el sistema jubilatorio y dejarlo en manos de las AFJP, la cual calificó como un “saqueo”.
“El saqueo fue la instauración del régimen de capitalización. Con esta decisión, los argentinos nos endeudamos en 100 mil millones de dólares adicionales”, y agregó que “son los causantes del congelamiento de las jubilaciones de más de 10 años, causante de que un gobierno le haya bajado el 13% de su haber a los jubilados”.
Boudou aseguró que el nuevo sistema jubilatorio estatal da mayor calidad institucional, previsibilidad y seguridad para los argentinos, y que incorporará a los trabajadores de las AFJP –que se estiman en 25 mil personas- para que no queden desempleados.
Para dar garantía de que la utilización de los recursos de la Anses serán utilizados para el pago de los haberes únicamente, el funcionario sostuvo que el Proyecto contempla la creación de una comisión bicameral de seguimiento de los fondos de seguridad social.
Finalmente, Boudou marcó diferencias entre el accionar del Gobierno de Fernández de Kirchner con respecto a los demás en la coyuntura económica al afirmar que “en tiempos de crisis, Estados decidieron rescatar a Bancos y Fondos de Inversión. Argentina decidió rescatar a los trabajadores y jubilados”.

Rossi reclamó la renuncia de Moreno

El legislador de Córdoba por la Unión Cívica Radical (UCR), Dante Rossi, envió un proyecto de declaración en el que le "recomienda" a la presidente de la Nación, Cristina Fernández, que le pida la "renuncia al Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, frente a la burla que implica para todos los argentinos la publicación del índice de precios al Consumidor elaborado por el Indec, que sitúa la inflación de julio en el 0,4 %; sumado al arbitrario cierre de la exportación de quesos, lo que genera nuevamente importantes perjuicios para la industria láctea cordobesa".
El pedido se suma a los cuestionamientos generalizados de los sectores de la oposición y medios de comunicación sobre el accionar de Moreno. Anteriormente, la presidente del Coalición Cívica, Elisa Carrió, había solicitado la renuncia del funcionario, en tanto que el ex ministro de Economía, Martín Lousteau, había dicho que el Secretario de Comercio Interior "le mentía a la Presidente" con los números que le exponía.
El índice expresado por el Indec más la baja en la calificación de crediticia y solvencia fiscal del país según la consultora Standard & Poor´s, fueron los detonantes para la caída de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (Merval) en el día lunes, que se mantuvo hoy aunque con un descenso menor, del 0,7%.
Para analistas privados, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo un incremento de 1,5%. La diferencia es significativa entendiendo que los bonos de deuda que Argentina tiene colocados en el exterior están ajustados a la inflación oficial.

Para el Gobierno, el accionar de los gremios y policial fue adecuado

El gobierno de Córdoba sostuvo que la manifestación gremial y la represión policial fueron acutaciones correctas, en el marco de la votación de las reformas al Sistema Previsional cordobés.
Según el Ministro de Gobierno, Carlos Caserio, "todo esto fue controlado. Se actuó con mucha prudencia y con la cordura necesaria. Podemos decir que no hubo lastimados con heridas graves".
Sin embargo, el saldo de los enfrentamientos fueron 23 heridos, algunos de ellos derivados al hospital San Roque, y 10 detenidos.
No obstante, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, diferenció la manifestación de los gremios con el enfrentamiento "de un pequeño grupo con la policía", al que le llamó la atención que estuvieran encapuchados.
"Estoy conforme de cómo han actuado los gremios, que se manifestaron en orden. Sólo que hubo un pequeño grupo que violaron la ley y que hicieron desmandes", subrayó.
Desde la órbita del gobierno provincial indicaron la presencia de "infiltrados" en la protesta con el propósito de "alterar la institucionalidad" de Córdoba.
Asimismo, el Gobernador afirmó que se van a hacer cargo de los daños, que en el patrimonio público, el municipio evaluó en 500 mil pesos, a lo que se suman 20 comercios averiados.

Fueron 10 minutos terribles
Roberto Maidana, propietario de Maidana Libros, uno de los comercios más destruidos por la protesta, indicó que "estamos superando el terrible momento de ayer. Hemos convivido con los empleados 10 minutos de una cosa terrible, lo más triste de mi vida".
En esa esquina pasaron muchas manifestaciones, pero nunca nos ha ocurrido algo como esto.
Nos arrancaron las rejas, nos sacaron las maderas y nos rompieron los vidrios. La policía nos pudo haber defendido mejor".

Los estatales cortan las rutas el sábado

Los gremios estatales de Córdoba anunciaron que el sábado cortarán las rutas de la provincia en protesta de la aprobación de la ley de reforma del Sistema Previsional.
Así lo confirmó el secretario de Luz y Fuerza, Juan Leyría, quien agregó que hoy van a resolver las medidas que van a tomar la próxima semana "como por ejemplo denuncias penales, presentaciones de recursos de amparos, vamos a juntar firma para elaborar un nuevo proyecto, caravanas”.
El gremialista, en diálogo con Arriba Córdoba, afirmó que hoy los trabajadores de EPEC -Empresa provincial de Energía de Córdoba- no van a atender al público, pero desconoció las denuncias de ejecutivos de la empresa que denunciaron sabotaje en el día de ayer, donde 40 mil cordobeses quedaron sin luz.
"Del sabotaje no me voy a hacer cargo, no se de que se trató", concluyó.
En cuanto a los distuibios en la ciudad, cuyo saldo fue la ruptura de la Plaza San Martín, peatonales y 20 comercios, reconoció la participación de los trabajadores de su gremio, pero se lo atribuyó al proyecto que se estaba votando en la Legislatura, que "provocó la ira de los trabajadores".
"Nos lo impusieron, las dos veces que tuvimos reuniones no pudimos dialogar”.El propio Gobierno nos dijo, esto lo mandamos así porque necesitamos la plata, pero el déficit es la mitad de lo que ellos plantean”.
Asimismo, responsabilizó a la policía como motivadora de la violencia. "Hubo 5 compañeros detenidos. La policía los llevababan adentro de la Legislatura y los mataron a patadas. Vamos a hacer una denuncia penal”, indicó Leyría.

Tras la manifestación de los estatales contra los cambios en el sistema previsional de Córdoba

La previa de la manifestación de los estatales en la Legislatura

Debate en la legislatura: Nuevo Ley del Sistema de Previsión Social de Córdoba

Omar Ruiz: (ARI Coalición Cívica)

El legislador destacó la insolvencia del Sistema Previsional al sostener que el "proyecto no resuelve el problema económico- financiero, se pretende recaudar 200 millones cuando el déficit anual de la Caja es de 800".

Pidió una auditoría de la Universidad Nacional de Córdoba para que juzgue sobre el Convenio de Armonización entre el Sistema Previsional de Córdoba con la Nación para que determine las responsabilidades.

"Debe haber una voz imparcial, que ponga blanco sobre negro que diga cuales son los compromisos reales que la Nación le debe a la Provincia".

A su vez, reclamó a los legisladores oficiales que si votan el proyecto, por lo menos que retiren el artículo 36, que faculta al Ejecutivo a modificar el recorte hacia haberes menores a 5 mil pesos.

Finalmente, desconció los reclamos administrativos que Córdoba habría hecho a la Nación por los compromisos incumplidos.

"No se nos ha enviado ninguna documentación de que la Provincia ha reclamado a la Nación por los compromisos que les debe. ¿Si hay tanta convicción, por qué no se recurrió a la Justicia antes?".

Debate en la legislatura: Nuevo Ley del Sistema de Previsión Social de Córdoba

Hipólito Faustinelli (UCR):

"El gobierno asumió que la Caja tiene déficit, y argumentó que no tiene verguenza en reconocerlo. El oficialismo ya no tiene ni verguenza para hacer recortes a los jubilados", comenzó su alocusión el legislador.

"El proyecto que se pretende sancionar violenta claramente la no reducción, la proporcionalidad de los haberes jubilatorios consagrados en los artículos 57 de la Constitución Provincial y al 14 bis de la Constitución Nacional. Discrimina un grupo de pasivos en relación a otros. Viola derechos adquiridos".
Denunció la falta de información pública sobre la contabilidad de la Caja:
"Nadie nos dice cuáles son los verdaderos números de la Caja de Jubilaciones, cuál es el verdadero ingreso del Fondo complemetario y cómo ha sido utilizado desde el 2003".
"De la Sota y Schiaretti le agregaron 30 mil pasivos de un saque. No agregaron trabajadores y la única fuente de financiamiento que agregaron fue el Convenio de Armonización con la Nación".
El legislador destacó las contradicciones de los gobiernos justicialistas sobre el sistema provisional.
"El que ayer fue ministro y hoy es legislador, Massei, fue el miembro informante en este recinto, para resaltar las bondades del Convenio con la Nación para Córdoba el 18 de diciembre del 2002, y De la Sota, simultáneamente, cumplía con la restitución del 82% móvil. Y ese mismo ministro, hoy tiene que bajar a votar una ley que le recorta los haberes a los jubilados".
Y propuso que "antes de tratar la ley, resulta imprescindible que los activos y pasivos realicen una auditoriá independiente de la Caja de Jubilaciones".
Sostuvo que el argumento de responsabilizar a la Nación por el no envío de fondos por la disputa política que se mantiene actualmente es un "chivo expiatorio", porque las cuentas provinciales están "fundidas" como consecuencia del fracaso de las "políticas neoliberales del Nuevo Estado que tanto promocionaron".
"Yo me pregunto, si no hubiésemos tenido el conflicto con el campo, a quién hubiesen responsabilizado por el déficit de la Caja"
Concluyó que la UCR vota en conjunto por el rechazo del proyecto, al cual calificó de "inconstitucional, ilegal y atropellante".

Quien siembra violencia...

Hubo que esperar más de 90 días desde el inicio del conflicto entre el Gobierno y el agro para que la Justicia interviniera en el asunto.
Pero no se pronució sobre la constitucionalidad de la resolución del Ministerio de Economía de aplicar retenciones móviles a los granos- lo que provocó la pelea- sino que lo hizo con órdenes para liberar las rutas del país, que es una consecuencia de no solucionar dicho conflicto.
Si bien cortar la circulación totalmente es ilegal dentro de un Estado de derecho -aunque el reclamo sea legítimo-, llama la atención el momento en que los jueces federales y fiscales provinciales decidieron intervenir para que levanten la protesta.
Se hizo un día después que el Gobierno acordara con seis entidades de transporte de cargas la culminación de los cortes de ruta que mantenían camioneros de las mismas y autoconvocados en reclamo de que se solucione el conflicto para que puedan trabajar.

A su vez, tras la reunión, el ministro del Interior, Anibal Fernández, anunció la intervención de las fuerzas policiales para despejar los caminos si fuera necesario.
Lo que significa que existió una decisión política del Gobierno detrás de esta "catarata" de órdenes judiciales y acción de gendarmería, y no que fiscales actuaron de "oficio" como es su tarea, ya que lo podrían haber hecho 90 días atrás.

Si bien tiene facultades el poder central para participar con el fin de hacer cumplir con las leyes, en el caso de los piquetes, esta postura es contradictoria política de "garantizar las protestas y no reprimir", ya que podrían haber hecho lo mismo con los asambleístas de Gualeguaychú que reclamaban en contra de la radicación de la pastera Botnia.

Pero a diferencia del mencionado caso, el presente conflicto provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles, recesión del consumo, suspensión en la cadena de pagos de la actividad agrícola, es decir, consecuencias contundentes en nuestra economía.

Por consiguiente, la represión en este caso fue una salida arriesgada, ya que a falta de diálogo se apela a las fuerzas de seguridad para que saquen a personas que hace más de tres meses que están protestando a las autoridades para que corrijan una decisión que entienden que los perjudica.

La consecuencia de esta acción violenta fue más violencia, una reacción de muchos sectores de la ciudad y del campo volcados a las rutas con más decisión que nunca a interrumpir el paso.

Cortes totales en:
Despeñaderos, Las Varillas,
Villa Mercedes ruta nac. 7 Transportistas y productores
Marcos Juárez Ruta 9
Bell Ville

Eduardo Buzzi, en diálogo con Cadena 3
"La reaccion fue nacional, miles de productores salieron a las rutas"
"Con que el gobierno diga que se termina la represión, se pacifica las cosas"
"El rechazo de la sociedad a como se está conduciendo este país, y más cuando hay represión, que es la gota que colma el vaso "
"Si lo liberan a De Angelis y se garantiza que no hay represión, no hay motivo para cortar las rutas".
"Mantengamos la calma, no nos pasemos de la raya"