"El gobierno asumió que la Caja tiene déficit, y argumentó que no tiene verguenza en reconocerlo. El oficialismo ya no tiene ni verguenza para hacer recortes a los jubilados", comenzó su alocusión el legislador.
"El proyecto que se pretende sancionar violenta claramente la no reducción, la proporcionalidad de los haberes jubilatorios consagrados en los artículos 57 de la Constitución Provincial y al 14 bis de la Constitución Nacional. Discrimina un grupo de pasivos en relación a otros. Viola derechos adquiridos".Denunció la falta de información pública sobre la contabilidad de la Caja:
"Nadie nos dice cuáles son los verdaderos números de la Caja de Jubilaciones, cuál es el verdadero ingreso del Fondo complemetario y cómo ha sido utilizado desde el 2003".
"De la Sota y Schiaretti le agregaron 30 mil pasivos de un saque. No agregaron trabajadores y la única fuente de financiamiento que agregaron fue el Convenio de Armonización con la Nación".
El legislador destacó las contradicciones de los gobiernos justicialistas sobre el sistema provisional.
"El que ayer fue ministro y hoy es legislador, Massei, fue el miembro informante en este recinto, para resaltar las bondades del Convenio con la Nación para Córdoba el 18 de diciembre del 2002, y De la Sota, simultáneamente, cumplía con la restitución del 82% móvil. Y ese mismo ministro, hoy tiene que bajar a votar una ley que le recorta los haberes a los jubilados".
Y propuso que "antes de tratar la ley, resulta imprescindible que los activos y pasivos realicen una auditoriá independiente de la Caja de Jubilaciones".
Sostuvo que el argumento de responsabilizar a la Nación por el no envío de fondos por la disputa política que se mantiene actualmente es un "chivo expiatorio", porque las cuentas provinciales están "fundidas" como consecuencia del fracaso de las "políticas neoliberales del Nuevo Estado que tanto promocionaron".
"Yo me pregunto, si no hubiésemos tenido el conflicto con el campo, a quién hubiesen responsabilizado por el déficit de la Caja"
Concluyó que la UCR vota en conjunto por el rechazo del proyecto, al cual calificó de "inconstitucional, ilegal y atropellante".
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