Hubo que esperar más de 90 días desde el inicio del conflicto entre el Gobierno y el agro para que la Justicia interviniera en el asunto.
Pero no se pronució sobre la constitucionalidad de la resolución del Ministerio de Economía de aplicar retenciones móviles a los granos- lo que provocó la pelea- sino que lo hizo con órdenes para liberar las rutas del país, que es una consecuencia de no solucionar dicho conflicto.
Si bien cortar la circulación totalmente es ilegal dentro de un Estado de derecho -aunque el reclamo sea legítimo-, llama la atención el momento en que los jueces federales y fiscales provinciales decidieron intervenir para que levanten la protesta.
Se hizo un día después que el Gobierno acordara con seis entidades de transporte de cargas la culminación de los cortes de ruta que mantenían camioneros de las mismas y autoconvocados en reclamo de que se solucione el conflicto para que puedan trabajar.
Pero no se pronució sobre la constitucionalidad de la resolución del Ministerio de Economía de aplicar retenciones móviles a los granos- lo que provocó la pelea- sino que lo hizo con órdenes para liberar las rutas del país, que es una consecuencia de no solucionar dicho conflicto.
Si bien cortar la circulación totalmente es ilegal dentro de un Estado de derecho -aunque el reclamo sea legítimo-, llama la atención el momento en que los jueces federales y fiscales provinciales decidieron intervenir para que levanten la protesta.
Se hizo un día después que el Gobierno acordara con seis entidades de transporte de cargas la culminación de los cortes de ruta que mantenían camioneros de las mismas y autoconvocados en reclamo de que se solucione el conflicto para que puedan trabajar.
A su vez, tras la reunión, el ministro del Interior, Anibal Fernández, anunció la intervención de las fuerzas policiales para despejar los caminos si fuera necesario.
Lo que significa que existió una decisión política del Gobierno detrás de esta "catarata" de órdenes judiciales y acción de gendarmería, y no que fiscales actuaron de "oficio" como es su tarea, ya que lo podrían haber hecho 90 días atrás.
Lo que significa que existió una decisión política del Gobierno detrás de esta "catarata" de órdenes judiciales y acción de gendarmería, y no que fiscales actuaron de "oficio" como es su tarea, ya que lo podrían haber hecho 90 días atrás.
Si bien tiene facultades el poder central para participar con el fin de hacer cumplir con las leyes, en el caso de los piquetes, esta postura es contradictoria política de "garantizar las protestas y no reprimir", ya que podrían haber hecho lo mismo con los asambleístas de Gualeguaychú que reclamaban en contra de la radicación de la pastera Botnia.
Pero a diferencia del mencionado caso, el presente conflicto provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles, recesión del consumo, suspensión en la cadena de pagos de la actividad agrícola, es decir, consecuencias contundentes en nuestra economía.
Por consiguiente, la represión en este caso fue una salida arriesgada, ya que a falta de diálogo se apela a las fuerzas de seguridad para que saquen a personas que hace más de tres meses que están protestando a las autoridades para que corrijan una decisión que entienden que los perjudica.
La consecuencia de esta acción violenta fue más violencia, una reacción de muchos sectores de la ciudad y del campo volcados a las rutas con más decisión que nunca a interrumpir el paso.
Cortes totales en:
Despeñaderos, Las Varillas,
Villa Mercedes ruta nac. 7 Transportistas y productores
Marcos Juárez Ruta 9
Bell Ville
Eduardo Buzzi, en diálogo con Cadena 3
"La reaccion fue nacional, miles de productores salieron a las rutas"
"Con que el gobierno diga que se termina la represión, se pacifica las cosas"
"El rechazo de la sociedad a como se está conduciendo este país, y más cuando hay represión, que es la gota que colma el vaso "
"Si lo liberan a De Angelis y se garantiza que no hay represión, no hay motivo para cortar las rutas".
"Mantengamos la calma, no nos pasemos de la raya"
