La previa de la manifestación de los estatales en la Legislatura

Debate en la legislatura: Nuevo Ley del Sistema de Previsión Social de Córdoba

Omar Ruiz: (ARI Coalición Cívica)

El legislador destacó la insolvencia del Sistema Previsional al sostener que el "proyecto no resuelve el problema económico- financiero, se pretende recaudar 200 millones cuando el déficit anual de la Caja es de 800".

Pidió una auditoría de la Universidad Nacional de Córdoba para que juzgue sobre el Convenio de Armonización entre el Sistema Previsional de Córdoba con la Nación para que determine las responsabilidades.

"Debe haber una voz imparcial, que ponga blanco sobre negro que diga cuales son los compromisos reales que la Nación le debe a la Provincia".

A su vez, reclamó a los legisladores oficiales que si votan el proyecto, por lo menos que retiren el artículo 36, que faculta al Ejecutivo a modificar el recorte hacia haberes menores a 5 mil pesos.

Finalmente, desconció los reclamos administrativos que Córdoba habría hecho a la Nación por los compromisos incumplidos.

"No se nos ha enviado ninguna documentación de que la Provincia ha reclamado a la Nación por los compromisos que les debe. ¿Si hay tanta convicción, por qué no se recurrió a la Justicia antes?".

Debate en la legislatura: Nuevo Ley del Sistema de Previsión Social de Córdoba

Hipólito Faustinelli (UCR):

"El gobierno asumió que la Caja tiene déficit, y argumentó que no tiene verguenza en reconocerlo. El oficialismo ya no tiene ni verguenza para hacer recortes a los jubilados", comenzó su alocusión el legislador.

"El proyecto que se pretende sancionar violenta claramente la no reducción, la proporcionalidad de los haberes jubilatorios consagrados en los artículos 57 de la Constitución Provincial y al 14 bis de la Constitución Nacional. Discrimina un grupo de pasivos en relación a otros. Viola derechos adquiridos".
Denunció la falta de información pública sobre la contabilidad de la Caja:
"Nadie nos dice cuáles son los verdaderos números de la Caja de Jubilaciones, cuál es el verdadero ingreso del Fondo complemetario y cómo ha sido utilizado desde el 2003".
"De la Sota y Schiaretti le agregaron 30 mil pasivos de un saque. No agregaron trabajadores y la única fuente de financiamiento que agregaron fue el Convenio de Armonización con la Nación".
El legislador destacó las contradicciones de los gobiernos justicialistas sobre el sistema provisional.
"El que ayer fue ministro y hoy es legislador, Massei, fue el miembro informante en este recinto, para resaltar las bondades del Convenio con la Nación para Córdoba el 18 de diciembre del 2002, y De la Sota, simultáneamente, cumplía con la restitución del 82% móvil. Y ese mismo ministro, hoy tiene que bajar a votar una ley que le recorta los haberes a los jubilados".
Y propuso que "antes de tratar la ley, resulta imprescindible que los activos y pasivos realicen una auditoriá independiente de la Caja de Jubilaciones".
Sostuvo que el argumento de responsabilizar a la Nación por el no envío de fondos por la disputa política que se mantiene actualmente es un "chivo expiatorio", porque las cuentas provinciales están "fundidas" como consecuencia del fracaso de las "políticas neoliberales del Nuevo Estado que tanto promocionaron".
"Yo me pregunto, si no hubiésemos tenido el conflicto con el campo, a quién hubiesen responsabilizado por el déficit de la Caja"
Concluyó que la UCR vota en conjunto por el rechazo del proyecto, al cual calificó de "inconstitucional, ilegal y atropellante".

Quien siembra violencia...

Hubo que esperar más de 90 días desde el inicio del conflicto entre el Gobierno y el agro para que la Justicia interviniera en el asunto.
Pero no se pronució sobre la constitucionalidad de la resolución del Ministerio de Economía de aplicar retenciones móviles a los granos- lo que provocó la pelea- sino que lo hizo con órdenes para liberar las rutas del país, que es una consecuencia de no solucionar dicho conflicto.
Si bien cortar la circulación totalmente es ilegal dentro de un Estado de derecho -aunque el reclamo sea legítimo-, llama la atención el momento en que los jueces federales y fiscales provinciales decidieron intervenir para que levanten la protesta.
Se hizo un día después que el Gobierno acordara con seis entidades de transporte de cargas la culminación de los cortes de ruta que mantenían camioneros de las mismas y autoconvocados en reclamo de que se solucione el conflicto para que puedan trabajar.

A su vez, tras la reunión, el ministro del Interior, Anibal Fernández, anunció la intervención de las fuerzas policiales para despejar los caminos si fuera necesario.
Lo que significa que existió una decisión política del Gobierno detrás de esta "catarata" de órdenes judiciales y acción de gendarmería, y no que fiscales actuaron de "oficio" como es su tarea, ya que lo podrían haber hecho 90 días atrás.

Si bien tiene facultades el poder central para participar con el fin de hacer cumplir con las leyes, en el caso de los piquetes, esta postura es contradictoria política de "garantizar las protestas y no reprimir", ya que podrían haber hecho lo mismo con los asambleístas de Gualeguaychú que reclamaban en contra de la radicación de la pastera Botnia.

Pero a diferencia del mencionado caso, el presente conflicto provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles, recesión del consumo, suspensión en la cadena de pagos de la actividad agrícola, es decir, consecuencias contundentes en nuestra economía.

Por consiguiente, la represión en este caso fue una salida arriesgada, ya que a falta de diálogo se apela a las fuerzas de seguridad para que saquen a personas que hace más de tres meses que están protestando a las autoridades para que corrijan una decisión que entienden que los perjudica.

La consecuencia de esta acción violenta fue más violencia, una reacción de muchos sectores de la ciudad y del campo volcados a las rutas con más decisión que nunca a interrumpir el paso.

Cortes totales en:
Despeñaderos, Las Varillas,
Villa Mercedes ruta nac. 7 Transportistas y productores
Marcos Juárez Ruta 9
Bell Ville

Eduardo Buzzi, en diálogo con Cadena 3
"La reaccion fue nacional, miles de productores salieron a las rutas"
"Con que el gobierno diga que se termina la represión, se pacifica las cosas"
"El rechazo de la sociedad a como se está conduciendo este país, y más cuando hay represión, que es la gota que colma el vaso "
"Si lo liberan a De Angelis y se garantiza que no hay represión, no hay motivo para cortar las rutas".
"Mantengamos la calma, no nos pasemos de la raya"

La cultura gubernamental, entre la publicidad y la convicción.

El gobierno de Córdoba tuvo una jornada cultural agitada ayer. Con expectativa esperaba que a las 19 horas comenzaran los festejos por la apertura del Museo Superior de Bellas Artes Palacio Ferreyra, un símbolo importante de la gestión De la Sota en materia cultural.

Pero el imprevisto para los funcionarios fue tener que dar explicaciones sobre la venta de dos salas de ensayos del Teatro San Martín a manos del grupo Irsa, en una operación inmobiliaria que incluyó también el traspaso del Patio Olmos al mencionado privado.

Tal fue la sorpresa que en las declaraciones se evidenciaron las contradicciones. Por la mañana, el Secretario de Información Pública, Marcelo Falo sostuvo que las salas no se vendieron porque no pertenecían a la Provincia, sino al Patio Olmos –que si pertenecía al Estado cordobés y lo vendió-.

Previo a la inauguración del museo, Pablo Canedo, Presidente de Agencia Córdoba Cultura, afirmó: "Las salas siguen estando en Cultura y van a seguir estando", sin precisar si en condición de propiedad o prestadas por el Shopping.

Minutos más tarde, en una comunicación con Radio Cadena 3, Falo no admitió la venta, pero dijo que “la duda es razonable” por lo que “el gobernador ha tomado la decisión de encarar la expropiación para que ese predio quede ya de propiedad del Teatro San Martín para siempre”.

Más allá de las contradicciones del discurso, quedó la sensación de un contrasentido en la política cultural de la actual gestión. La remodelación del Ferreyra –un ícono de la arquitectura y aristocracia cordobesa- representa la imagen de un gobierno que expone la cultura por medio de importantes obras públicas, cuyos antecedentes son la Ciudad de las Artes, el Teatro Real, y el Paseo del Buen Pastor.

Y considerando los beneficios que dichos emprendimientos produjeron (exposición del arte visual local, formación artística, recuperación cultural de un patrimonio cordobés, jerarquía y democratización del arte, respectivamente), es cierto también que las repercusiones de la venta de dos salas, que no se ven, pero que se utilizan para el ensayo del Ballet Oficial y la Orquesta, y Banda sinfónicas, hicieron dar marcha atrás al gobierno y no considerar a la cultura desde su publicidad solamente.

Las dudas de la Justicia

“La duda (de fraude) está instalada, de esto ya no se puede volver atrás”, sostuvo la jueza electoral, Martha Vidal, en diálogo con Mitre 810 hace tres días atrás. Y comparto tal afirmación, debido a que muchos actores, principalmente los partidos políticos, han permitido que el interrogante quede en la sociedad. Sin embargo, el accionar de la Justicia no colabora para esclarecer el tema.

Sobre el escrutinio definitivo, era esperado la semana pasada el fallo que el Tribunal Superior de Justicia iba a publicar sobre el pedido del Frente Cívico de contar voto por voto. Sin embargo, debido "a la trascendencia institucional de dicha resolución" solicitó disponer de "mayor tiempo para el mejor análisis del problema", según comunicado. El problema es que el tiempo se acaba y se estima que el escrutinio -por actas- va a terminar en siete días, por lo que demorar el fallo no ayudaría a "garantizar la paz social", algo que ellos le exigen a las instituciones políticas.

Cabe recordar que la Justicia le había pedido a los partidos políticos que expresarán su opinión sobre el tema, y todos menos Unión por Córdoba, acordaron en abrir las urnas si garantizaba legitimidad de la elección polémica.

A su vez, la jueza Vidal decidió resolver al final el pedido del Frente Cívico de nulidad de actas, que hasta el momento son 70, pero que se estima que pueden llegar a 200, es decir, entre 50 mil y 70 mil votos, por lo que su decisión podría definir el gobernador de Córdoba.

Por otro lado, se espera que la fiscal Oscariz se expida sobre las denuncias presentadas por Ramón Moreno (44) -quien encontró sobres, votos y fajas, supuestamente pertenecientes a las pasadas elecciones-; y por los abogados del juecismo sobre actas de inicio y cierre de comicios hallados en Malagüeño.

Con respecto al escrutinio provisorio, también se detectan inconsistencias. En primer término, Vidal señaló que la causa de las 16 horas de demora se debió a que "no se han tomado las previsiones" sobre la complejidad de la elección, en alusión a la labor del Correo. Lo paradójico es que fue la justicia electoral la que contrató dicho servicio.

En segundo lugar, ¿cuál es la respuesta para la incopatibilidad de las mesas electorales?; ¿son 5987 como había dispuesto el Juzgado Electoral o son 6152 como contó el Correo?.

Tercero, ¿qué ocurrió entre las tres y cuatro de la mañana?; ¿"se cayó el sistema tres veces" como afirma el juecismo, o "no se cargaban datos porque no llegaba la información” tal como afirma Carbonetti?. ¿Por qué se les obligó a los medios a retirarse del Correo teniendo la jueza conocimiento de ello?.

Que la duda de fraude surja de los partidos políticos es entendible por los intereses que éstos tienen para acceder al gobierno. Pero que la Justicia, institución imparcial que falla sobre los comportamientos incorrectos de la sociedad, mantenga la incertidumbre con sus actos es preocupante.

Por Oscar Magra

Creo que los encuestadores deberán poner las barbas en remojo, y hacer una autoevaluación, porque los desaciertos en sus estudios han sido vergonzosos. Si bien es cierto que ninguna de las encuetadoras hace sondeos gratuitos, ya que son pagos generlamente por los partidos en competencia, esto no justifica tamaña inexactitud en las proyecciones.

Pongamos el ejemplo de la encuestadora OPSM de Enrique Zuleta Puceiro. Hace menos de un mes, difundió un trabajo en el que aseguraba que Ramón Mestre hijo alcanzaba casi un empate técnico con Daniel Giacomino, lo cual animó a los radicales a agredcer a los cordobeses por haberse animado "al cambio". Los números del domingo, indicaron que la encuesta de OPSM le erró muy feo: el viceintendente aventajó por más de 22 puntos al candidato radical.

A la luz de los resultados, o mejoran sus técnicas para el relevamiento de tendencias de intensión de voto, o se dedican a otra actividad. Por dos motivos: primero que crean falsas espectativas entre el electorado y, en vez de ser un instrumento que ayude a la desición del voto, se convierte en elementos tendenciosos pseudo propagandísiticos. Y por último, porque no creo que sea buen negocio errar tan feo (a menos que les guste perder plata...).