“La duda (de fraude) está instalada, de esto ya no se puede volver atrás”, sostuvo la jueza electoral, Martha Vidal, en diálogo con Mitre 810 hace tres días atrás. Y comparto tal afirmación, debido a que muchos actores, principalmente los partidos políticos, han permitido que el interrogante quede en la sociedad. Sin embargo, el accionar de la Justicia no colabora para esclarecer el tema.
Sobre el escrutinio definitivo, era esperado la semana pasada el fallo que el Tribunal Superior de Justicia iba a publicar sobre el pedido del Frente Cívico de contar voto por voto. Sin embargo, debido "a la trascendencia institucional de dicha resolución" solicitó disponer de "mayor tiempo para el mejor análisis del problema", según comunicado. El problema es que el tiempo se acaba y se estima que el escrutinio -por actas- va a terminar en siete días, por lo que demorar el fallo no ayudaría a "garantizar la paz social", algo que ellos le exigen a las instituciones políticas.
Cabe recordar que la Justicia le había pedido a los partidos políticos que expresarán su opinión sobre el tema, y todos menos Unión por Córdoba, acordaron en abrir las urnas si garantizaba legitimidad de la elección polémica.
A su vez, la jueza Vidal decidió resolver al final el pedido del Frente Cívico de nulidad de actas, que hasta el momento son 70, pero que se estima que pueden llegar a 200, es decir, entre 50 mil y 70 mil votos, por lo que su decisión podría definir el gobernador de Córdoba.
Por otro lado, se espera que la fiscal Oscariz se expida sobre las denuncias presentadas por Ramón Moreno (44) -quien encontró sobres, votos y fajas, supuestamente pertenecientes a las pasadas elecciones-; y por los abogados del juecismo sobre actas de inicio y cierre de comicios hallados en Malagüeño.
Con respecto al escrutinio provisorio, también se detectan inconsistencias. En primer término, Vidal señaló que la causa de las 16 horas de demora se debió a que "no se han tomado las previsiones" sobre la complejidad de la elección, en alusión a la labor del Correo. Lo paradójico es que fue la justicia electoral la que contrató dicho servicio.
En segundo lugar, ¿cuál es la respuesta para la incopatibilidad de las mesas electorales?; ¿son 5987 como había dispuesto el Juzgado Electoral o son 6152 como contó el Correo?.
Tercero, ¿qué ocurrió entre las tres y cuatro de la mañana?; ¿"se cayó el sistema tres veces" como afirma el juecismo, o "no se cargaban datos porque no llegaba la información” tal como afirma Carbonetti?. ¿Por qué se les obligó a los medios a retirarse del Correo teniendo la jueza conocimiento de ello?.
Que la duda de fraude surja de los partidos políticos es entendible por los intereses que éstos tienen para acceder al gobierno. Pero que la Justicia, institución imparcial que falla sobre los comportamientos incorrectos de la sociedad, mantenga la incertidumbre con sus actos es preocupante.